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Hay una escena que se repite en los despachos de abogados y gestorías de toda España con más frecuencia de la que gustaría: el fundador de una empresa familiar fallece, dos, tres o cuatro hermanos heredan sus participaciones a partes iguales, y de repente nadie sabe muy bien quién manda. Uno quiere modernizar la empresa, otro prefiere venderla, un tercero ni siquiera vive en la ciudad y solo quiere cobrar dividendos. El negocio que tardó cuatro décadas en levantarse puede tambalearse en apenas unos meses de desacuerdo. Y no es una anécdota: según distintos estudios sobre empresa familiar en España, más del 65% de estas compañías no logra sobrevivir al salto de la primera a la segunda generación, y buena parte del problema no es económico, sino puramente relacional.
El origen del problema: la comunidad hereditaria
Cuando una persona fallece sin haber repartido formalmente sus bienes, sus herederos entran en lo que el Código Civil llama comunidad hereditaria: todos son propietarios de todo, sin que nadie tenga una parte concreta hasta que se hace la partición. Esto significa que, mientras no se reparta la herencia, las decisiones sobre la empresa —nombrar administrador, aprobar cuentas, repartir beneficios— exigen en la práctica el acuerdo de todos los coherederos. Si uno de ellos decide plantarse, la empresa puede quedar literalmente paralizada, algo que en el mundo mercantil se paga muy caro: proveedores que dudan, bancos que retiran líneas de crédito y empleados que empiezan a mirar ofertas de la competencia.
El propio Código recoge en su artículo 400 el principio de que nadie está obligado a permanecer en una comunidad de bienes, lo que abre la puerta a que cualquier heredero pida judicialmente la división. El problema es que dividir una empresa no es como repartir un piso: partirla en trozos suele significar destruir su valor.
Una solución pensada precisamente para esto: el artículo 1056 del Código Civil
Aquí es donde muchos empresarios se llevan una alegría al descubrir que la ley ya había pensado en su caso. El artículo 1056 del Código Civil, reformado precisamente para proteger la continuidad de los negocios familiares, permite al testador ordenar que la empresa se adjudique íntegra a uno solo de los herederos —normalmente el que ya trabaja en ella o el más capacitado para dirigirla— compensando en dinero a los demás. Es lo que en la práctica se conoce como pago en metálico o prelegado, y evita que la sociedad quede fragmentada entre varios propietarios que ni se hablan ni están de acuerdo en nada. Eso sí, esa compensación debe ser justa y proporcional, porque de lo contrario los hermanos “compensados” pueden acabar en los tribunales igualmente, solo que por otro motivo.
Ejemplo práctico: imaginemos una fábrica textil badalonesa fundada por un matrimonio, con tres hijos como herederos. Solo uno de ellos ha trabajado siempre en el negocio. Si el testamento se redactó bien, ese hijo puede quedarse con el 100% de las participaciones, mientras los otros dos reciben una compensación económica equivalente a su parte, calculada según el valor real de la empresa. Resultado: la fábrica sigue funcionando con un solo capitán al timón, y nadie tiene que renunciar a lo que le corresponde por ley.
Cuando ya no hay testamento (o el testamento no lo previó)
El problema se complica cuando el fundador falleció sin haber tomado esta precaución. En ese escenario, la vía habitual pasa por dos caminos: el protocolo familiar, un documento —no siempre suficientemente conocido, y por eso conviene insistir en él— que regula cómo se toman las decisiones, cómo se accede a puestos directivos y qué ocurre si alguien quiere vender su parte; y, si ya existe un conflicto abierto, mecanismos como la mediación, regulada por la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que permite sentar a las partes con un profesional neutral antes de que el desacuerdo acabe convirtiéndose en un litigio largo, caro y, casi siempre, emocionalmente devastador.
Si la empresa está constituida como sociedad de responsabilidad limitada o anónima, entra en juego además la Ley de Sociedades de Capital, que en su artículo 348 bis reconoce el llamado derecho de separación del socio: en determinadas circunstancias, un heredero-socio descontento puede exigir que la sociedad le compre sus participaciones y salir del proyecto sin necesidad de bloquearlo todo. No es la solución ideal —a ninguna empresa le gusta desprenderse de liquidez para recomprar acciones—, pero suele ser mejor que un consejo de administración convertido en campo de batalla.
Prevenir antes que curar
Al final, la moraleja es tan sencilla como incómoda de aplicar: la mayoría de estos conflictos se evitan no en el juzgado, sino años antes, con una planificación sucesoria bien hecha, un testamento que contemple expresamente la empresa y, si es posible, un protocolo familiar redactado con calma y sin urgencias de última hora. Como suele decirse en los despachos, el mejor momento para hablar de la sucesión de la empresa familiar fue hace diez años; el segundo mejor momento es hoy.
Si tu empresa familiar necesita ordenar su sucesión, redactar un protocolo familiar o simplemente entender qué opciones legales existen para evitar bloqueos entre herederos, en Asesoría Moguel llevamos más de 45 años acompañando a familias badalonesas en estos procesos. Contáctanos y lo revisamos juntos.
