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En 2025, la reducción de la jornada laboral en España se convirtió en uno de los grandes debates políticos y sociales. El Gobierno planteó bajar el máximo legal de 40 horas semanales a 37,5 horas, manteniendo íntegro el salario de los trabajadores. Una medida que, de haberse aprobado, habría supuesto un cambio histórico en la forma de entender el tiempo de trabajo en nuestro país.
El proyecto del Gobierno
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, presentó una propuesta de ley que no solo pretendía fijar la jornada máxima en 37,5 horas semanales, sino también reforzar el registro horario digital, diferenciar con claridad las horas ordinarias de las extraordinarias y garantizar el derecho a la desconexión.
La idea buscaba adaptar España a tendencias que ya se ensayan en países como Francia o Bélgica, y que se vinculan a una mayor conciliación laboral y personal, además de a posibles mejoras de productividad.
Junts y la caída de la reforma
El proyecto llegó al Congreso en mayo de 2025, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, no superó el primer gran obstáculo: las enmiendas a la totalidad. PP, Vox y Junts per Catalunya unieron fuerzas y votaron en contra, tumbando la tramitación de la ley.
La posición de Junts resultó especialmente relevante, ya que su apoyo habría sido clave para que el texto siguiera adelante. El partido argumentó que la propuesta era centralista, poco flexible para la realidad de los distintos sectores productivos en Cataluña y que no había contado con un diálogo suficiente con los agentes sociales en el territorio. De hecho, subrayaron que los convenios colectivos ya vienen aplicando reducciones parciales de jornada, adaptadas a cada sector y empresa, por lo que una ley uniforme podía generar rigideces.
Este rechazo dejó al Gobierno en una situación incómoda: defendía una de sus medidas estrella, pero no logró la mayoría necesaria para mantenerla viva en el Parlamento.
¿Qué habría implicado la reducción?
Si se hubiera aprobado, la jornada anual habría pasado de unas 1.820 horas a alrededor de 1.712 horas. Para los trabajadores, más tiempo libre, más conciliación y, posiblemente, un aumento en la satisfacción laboral. Para las empresas, en cambio, el reto habría sido mayor: reorganizar turnos, contratar más personal o asumir un coste laboral extra por mantener el mismo salario con menos horas de trabajo.
Las patronales, como CEOE y Cepyme, alertaron del impacto en sectores con márgenes muy ajustados, como hostelería, transporte o turismo, que ya soportan costes laborales elevados.
Lo que viene a partir de ahora
Aunque la ley fue rechazada, el Gobierno ha dejado claro que volverá a intentarlo. Mientras tanto, algunos convenios colectivos ya están recogiendo avances hacia jornadas más reducidas, incluso sin que exista un marco legal uniforme.
La pelota, por tanto, sigue en el tejado de la negociación política. El papel de Junts será determinante en el futuro: si decide acercarse a la propuesta gubernamental, podría desbloquear una medida que millones de trabajadores esperan.
Un debate que sigue abierto
La reducción de la jornada laboral no es solo un asunto económico, sino también social y cultural. España es uno de los países europeos con jornadas más largas, y la discusión sobre cómo equilibrar productividad, competitividad y bienestar de los empleados no desaparecerá fácilmente.
El 2025 debía ser el año del gran cambio, pero el pulso parlamentario —con Junts como pieza clave— ha dejado la reforma en pausa. Sin embargo, el debate está más vivo que nunca, y todo apunta a que volverá a la agenda política en los próximos meses.
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