Hay cartas que uno abre con cierto aire de optimismo. Y luego están las de la Administración: una liquidación de Hacienda, una sanción, una reclamación de deuda. Lo primero que se siente es indignación; lo segundo, desorientación. ¿Y ahora qué hago? La respuesta, casi siempre, empieza por saber qué recurso toca, porque en España los recursos administrativos son como los enchufes de los viajes: si eliges el que no es, no encaja.
Dos hermanos con distinto carácter
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula los dos grandes recursos ordinarios. Se parecen en el plazo, pero se diferencian en quién los resuelve y en si son voluntarios u obligatorios.
El recurso de alzada (arts. 121 y 122) se presenta contra los actos que no ponen fin a la vía administrativa, es decir, aquellos que todavía tienen un jefe por encima. Lo resuelve el órgano superior jerárquico, tiene un mes de plazo si el acto es expreso y la Administración dispone de tres meses para contestar. Y es el paso obligado: sin pasar por la alzada, la puerta del juzgado sigue cerrada.
El recurso de reposición (arts. 123 y 124) se interpone contra los actos que sí agotan la vía administrativa, y lo resuelve el mismo órgano que los dictó. Su plazo también es de un mes, pero la Administración debe resolver en ese mismo tiempo. La clave está en que es potestativo: puedes saltártelo e ir directamente al contencioso-administrativo, para el que hay dos meses desde la notificación. Eso sí, si lo interpones, no puedes acudir al juzgado hasta que te contesten o se desestime por silencio.
¿Y si la Administración no contesta?
Callar también es contestar. En los recursos, el silencio suele ser desestimatorio, así que, pasado el plazo sin respuesta, se entiende rechazado. Si el acto original no fue expreso, puedes recurrir en cualquier momento desde que se produce el silencio, sin carrera contrarreloj. Y hay una excepción que conviene conocer: si recurres en alzada una desestimación presunta y el superior tampoco responde en tres meses, el recurso se entiende estimado, salvo que el asunto afecte a materias donde la ley dice lo contrario. Para el contencioso, tras un silencio, el plazo es de seis meses.
El terreno de Hacienda: aquí cambian las reglas
En materia tributaria, el esquema se retuerce un poco. La Ley General Tributaria (arts. 222 a 225) ofrece contra los actos de la Administración tributaria dos caminos alternativos: el recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, o la reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo (TEAR). En ambos casos el plazo es de un mes desde el día siguiente a la notificación. Lo que no puedes hacer es presentar las dos a la vez; si eliges la reposición, la reclamación económica queda aparcada hasta que te contesten o pase el mes sin respuesta, y entonces tendrás otro mes para presentarla.
Otro detalle que sorprende: recurrir no suspende el pago. Interponer el recurso no frena la deuda, y para paralizar el cobro normalmente hay que solicitar la suspensión y aportar garantía. Pasar por alto esto es una forma muy cara de descubrir el apremio.
Un ejemplo práctico
Imagina a Marta, autónoma, que el 5 de octubre de 2026 recibe una liquidación provisional de IVA que cree errónea porque Hacienda no ha tenido en cuenta unas facturas. Tiene hasta el 5 de noviembre para actuar. Si el fallo es evidente y documentable, un recurso de reposición puede resolverlo en semanas y sin pasar por tribunales. Si prefiere que lo estudie un órgano independiente de quien dictó el acto, optará por la reclamación económico-administrativa. Y si deja pasar el mes por no distinguir entre una cosa y otra, la liquidación se vuelve firme y solo quedan vías extraordinarias, mucho más estrechas.
Ahora piensa en una empresa sancionada por la autoridad laboral. Si la resolución no agota la vía administrativa, el camino es la alzada ante el superior jerárquico, en el plazo que marque su normativa específica (en general, un mes). Equivocarse y presentar reposición donde tocaba alzada no siempre es fatal, porque la Administración puede reconducirlo, pero no conviene fiarlo todo a su buena voluntad.
Dónde se pierden los plazos
La causa más común de recursos fallidos no es que el fondo no tuviera razón, sino que llegaron tarde. Los plazos por meses se cuentan de fecha a fecha, a partir del día siguiente a la notificación, y en las notificaciones electrónicas basta con que hayan pasado diez días naturales sin acceder para que se den por rechazadas y el reloj siga corriendo. El pie de recursos de la notificación es su mejor aliado: indica qué recurso cabe, ante quién y en qué plazo.
Y recuerda que nada de esto es un trámite menor. Elegir bien entre reposición, alzada o reclamación económico-administrativa puede decidir si una liquidación se corrige o se paga. Si tienes en la mano una notificación de Hacienda, de la Seguridad Social o de cualquier organismo y no tienes claro cuál es tu camino, en Asesoría Moguel llevamos más de 45 años en Badalona descifrando este tipo de cartas. Cuéntanos tu caso con el formulario y miramos juntos cuánto tiempo te queda.

