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La Ley 2/2023, de protección del informante, cambió por completo el panorama de cumplimiento normativo en España. Desde su entrada en vigor, miles de empresas se han visto obligadas a implantar un canal interno de denuncias, también conocido como canal ético o whistleblowing. Pero ¿sabes si tu empresa está entre ellas? En este artículo te lo contamos de forma clara, con los últimos cambios aplicables en 2025.
¿Qué es exactamente el canal interno de denuncias?
El canal interno de denuncias es un sistema confidencial y seguro que permite a los empleados, proveedores o colaboradores informar sobre irregularidades o infracciones legales cometidas dentro de la empresa. Su finalidad es prevenir la corrupción, el fraude, el acoso laboral y cualquier otra vulneración de la normativa vigente.
La Ley 2/2023 exige que este canal garantice la confidencialidad del denunciante, permita presentar denuncias por escrito o de forma verbal, y prohíbe expresamente cualquier represalia contra quien comunique los hechos de buena fe. Además, la empresa debe designar a una persona responsable de su gestión y llevar un registro de todas las denuncias recibidas y tramitadas.
¿Qué empresas están obligadas a tener un canal interno en 2025?
La obligación afecta principalmente a empresas del sector privado con 50 o más trabajadores, así como a todas las entidades del sector público, incluidos ayuntamientos y organismos autónomos.
- Empresas con más de 250 empleados: debían contar con el canal activo desde el 13 de junio de 2023.
- Empresas entre 50 y 249 empleados: tuvieron de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023 para implantarlo.
- Administraciones públicas y organismos públicos: también están obligados a disponer de este sistema.
Además, hay casos en los que la obligación se extiende a empresas más pequeñas, como aquellas que:
- Están sujetas a la Ley de prevención del blanqueo de capitales (asesorías, despachos, inmobiliarias, etc.).
- Gestionan fondos públicos o subvenciones.
- Desarrollan actividades especialmente reguladas (financieras, sanitarias, medioambientales, etc.).
En resumen: si tu empresa tiene más de 50 trabajadores o actúa en un sector regulado, debe contar con un canal de denuncias operativo y conforme a la Ley 2/2023.
¿Qué ocurre si una empresa no cumple con la Ley 2/2023?
El incumplimiento puede salir caro. Las sanciones previstas son importantes:
- Hasta 100.000 euros para personas físicas responsables.
- Hasta 1.000.000 de euros para personas jurídicas o empresas infractoras.
Además del riesgo económico, no contar con este sistema puede dañar la reputación empresarial, dificultar la contratación pública e incluso poner en peligro la continuidad de la empresa ante una inspección.
Ejemplo práctico
Imaginemos una empresa de servicios con 60 empleados. Aunque nunca ha tenido problemas internos, la ley le exige implantar un canal de denuncias interno. Este canal podría gestionarse mediante una plataforma digital confidencial, supervisada por un responsable de cumplimiento o por una gestoría especializada. De esta forma, si un trabajador detecta un posible fraude o acoso, puede comunicarlo sin miedo a represalias, garantizando la transparencia y el cumplimiento legal.
Una oportunidad para reforzar la confianza
Más allá de una obligación, el canal de denuncias se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la ética empresarial y la cultura corporativa. Las empresas que lo implantan correctamente no solo evitan sanciones, sino que proyectan una imagen de transparencia y compromiso con la legalidad.
¿No sabes si tu empresa está obligada o cómo implantar un canal interno de denuncias conforme a la Ley 2/2023?
En Asesoría Moguel, en Badalona, te ayudamos a analizar tu caso, implantar el sistema correctamente y cumplir con todas las exigencias legales sin complicaciones.
