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Accede aquí: a la actualización 12 de septiembre de 2025 sobre esta misma noticia
En plena temporada estival, los funcionarios españoles afrontan una doble realidad salarial. Por un lado, el Consejo de Ministros acaba de aprobar una subida del 0,5 % retroactiva desde el 1 de enero de 2024, que se sumará al 2 % ya aplicado ese año, totalizando un incremento del 2,5 % en 2024. En julio, sus nóminas reflejarán este aumento, incluyendo los atrasos —unos 168 € anuales de media por trabajador público según CSIF.
Sin embargo, los sindicatos —fundamentalmente UGT y CC OO— se muestran críticos: “llega con 18 meses de retraso” denuncian, pues esta cláusula se activaba apenas conocida la inflación acumulada entre 2022-2024, que superó el umbral del 8 % pactado. No solo eso: organizaciones como CSIF insisten en que aún queda pendiente lo realmente importante: la subida salarial de 2025 y otras medidas recogidas en el Acuerdo Marco (jubilación parcial, jornada de 35 h, promoción interna…).
¿Por qué se ha retrasado?
- El acuerdo marco firmado entre Gobierno, UGT y CC OO (sin el aval de CSIF) contemplaba un incremento salarial del ciclo 2022-2024: 3,5 % en 2022, 2,5 % en 2023 (+1 % variable) y 2 % en 2024, con cláusula de revisión: si IPCA supera el 8 %, se añade un 0,5 %. Y así fue: IPCA acumulado 2022–2024 = ~11,6 % (5,5 % + 3,3 % + 2,8 %).
- Sin embargo, en cuanto llegó la inflación final de 2024 en enero de este año, faltó impulso político. Hasta julio no se realizaba la aprobación formal y su publicación en el BOE .
- La demora se atribuye a un retraso general del Gobierno en aprobar medidas sociales, gestionando prioridades presupuestarias sin nuevos Presupuestos Generales, lo que ha sumido a los funcionarios en la incertidumbre.
¿Y la subida de 2025?
Ahí está el nudo gordiano. El salario de 2025 está congelado, porque no se ha abierto aún la negociación para un nuevo tramo retributivo. UGT y CC OO reclaman que se ponga ya sobre la mesa —junto a otros temas como oferta de empleo público y retribuciones complementarias— o, de lo contrario, advierten con misivas contundentes hasta huelgas.
¿Qué consecuencias tiene esto?
- Malestar creciente. Cerca de 2.000 funcionarios se manifestaron en Madrid el 8 de julio, frente al Ministerio de Hacienda, exigiendo el cumplimiento íntegro de los acuerdos y advirtiendo del posible “guerra… revolución” sindical.
- Pérdida de ingresos. Con la inflación por encima del 2 % en los últimos meses, los funcionarios acumulan una pérdida real de poder adquisitivo desde 2010 cercana al 20 %.
- Riesgo de parálisis administrativa. CSIF ha alertado: sin mecanismos claros para negociación salarial, oferta de empleo público o regulación de interinos, los servicios esenciales pueden encallar.
Ejemplo práctico
Imagínate a Marta, funcionaria en un ayuntamiento, que no cambia de destino desde 2024. Este mes verá reflejada la subida del 0,5 % sobre su sueldo base de diciembre 2023 y recibirá en su nómina la suma de atrasos desde enero de ese año (hablamos de casi 18 meses). Pero ese es solo el parche: si no se abre ya un nuevo acuerdo para 2025, su sueldo seguirá congelado mientras la inflación siga mordiéndole el bolsillo.
El resumen del embrollo
| Pendiente | Estado actual | Por qué retraso |
|---|---|---|
| 0,5 % extra (2024) | Aprobado y con efecto desde 1 ene 2024 | Inercia política y presupuestaria |
| Subida salarial 2025 | Congelada | Falta de nueva negociación, sin Presupuestos |
El descontento sindical ya roza la tensión, con protestas masivas y advertencias de huelga si no se cumplen los siguientes pasos del acuerdo de modernización administrativa firmado en 2022.
¿Y ahora qué hacer?
La pelota está en el tejado del Gobierno, que debe citar a los sindicatos y abrir oficialmente la mesa de negociación salarial para 2025, al tiempo que detalla cómo abordará temas como jubilación parcial, reclasificación profesional y la oferta pública de empleo sin tasa de reposición.
Si eres funcionario o trabajas en el sector público, quizá quieras que te asesoremos sobre cómo reclamar formalmente los atrasos, cuándo debes solicitarlo (si cambiaste de destino, te jubilaste o te marchaste del servicio), o qué implica jurídicamente este retraso. En Asesoría Moguel, con más de 45 años ayudando a los empleados públicos, podemos ayudarte a reclamar lo que corresponde.
