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Hay una frase que se repite en los despachos y en las sobremesas de los polígonos industriales: “constituye una sociedad limitada y así respondes solo con el capital”. Es media verdad, y las medias verdades salen caras. Quien responde de forma limitada es el socio, que arriesga lo que puso. El administrador, en cambio, responde con su patrimonio personal cuando su conducta encaja en alguno de los supuestos que el legislador lleva años afinando. Y no son pocos.
La confusión viene de que, en la inmensa mayoría de las pymes españolas, socio y administrador son la misma persona, con la misma cara, el mismo café y el mismo dolor de cabeza a final de mes. Pero jurídicamente son dos sombreros distintos, y el segundo pesa bastante más que el primero.
El punto de partida: diligencia, lealtad y el artículo 236
El artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que los administradores responden frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores del daño causado por actos u omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo. Y añade un matiz que conviene subrayar: cuando el acto es contrario a la ley o a los estatutos, la culpabilidad se presume, salvo prueba en contrario. Traducido: el administrador parte con el marcador en contra.
Esos deberes inherentes al cargo no son etéreos. El artículo 225 LSC exige el deber de diligencia de un ordenado empresario, con dedicación adecuada y con el derecho —y la obligación— de recabar la información necesaria para decidir. El artículo 227 LSC impone el deber de lealtad, actuar en el mejor interés de la sociedad, y su infracción no solo obliga a indemnizar el daño: también a devolver el enriquecimiento obtenido.
La buena noticia es que equivocarse no es, por sí solo, ilícito. El artículo 226 LSC recoge la llamada business judgment rule: las decisiones estratégicas y de negocio quedan protegidas si se adoptaron de buena fe, sin interés personal, con información suficiente y con un procedimiento de decisión adecuado. Es decir, la ley protege al empresario que se arriesga con criterio, no al que improvisa a ciegas. Documentar por qué se tomó una decisión vale, llegado el caso, más que un buen abogado a posteriori.
El clásico que más disgustos da: el artículo 367 LSC
Si hubiera un ranking de sustos, este lo encabezaría. El artículo 367 LSC convierte al administrador en responsable solidario de las deudas sociales posteriores a la aparición de una causa legal de disolución si no convoca la junta en el plazo de dos meses para acordar la disolución —o, en su caso, no solicita el concurso—.
¿Y cuáles son esas causas? Las enumera el artículo 363 LSC, y la estrella indiscutible es la de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social, salvo que este se aumente o reduzca en medida suficiente.
Un ejemplo práctico lo aclara todo. Una SL con 3.000 euros de capital acumula pérdidas y cierra el ejercicio con un patrimonio neto de 1.000 euros. Está por debajo de la mitad del capital: hay causa de disolución. El administrador dispone de dos meses para convocar la junta. Si en lugar de eso sigue comprando material a proveedores durante ocho meses más, esas facturas nuevas se las puede acabar reclamando a él, personalmente, con su casa y su cuenta corriente detrás. Las deudas anteriores no; las posteriores, sí. El calendario, aquí, es todo.
Hacienda, la Seguridad Social y una sentencia que cambia el tablero
La otra gran vía es la derivación de responsabilidad tributaria. El artículo 43.1 de la Ley General Tributaria permite a la Agencia Tributaria reclamar al administrador las deudas de la sociedad en varios escenarios: cuando no realizó los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, cuando consintió el incumplimiento por quienes de él dependían o adoptó acuerdos que lo hicieron posible (letra a), y cuando la sociedad cesa de hecho su actividad dejando obligaciones pendientes sin liquidar ordenadamente (letra b). Esta última es la que atrapa a quien, simplemente, “baja la persiana” y deja la sociedad durmiendo en el limbo registral.
Aquí llega la novedad relevante. El Tribunal Supremo, en su sentencia 594/2025, de 20 de mayo, y en pronunciamientos posteriores del mismo año, ha reforzado que la responsabilidad del artículo 43.1.a) LGT tiene naturaleza cuasi sancionadora y exige a la Administración probar y motivar de forma individualizada la culpa del administrador. No basta con constatar que hay deuda impagada y que alguien figuraba en el cargo. Es un cambio de peso para la defensa de muchos expedientes que hasta ahora se resolvían casi en automático.
En materia de cotizaciones, el artículo 18 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social habilita mecanismos análogos de exigencia de responsabilidad, con la particularidad de que la Tesorería aplica también las reglas de la LGT en la derivación.
El concurso: cuando el retraso se llama “culpable”
El artículo 5 del texto refundido de la Ley Concursal obliga al deudor a solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer su estado de insolvencia. Incumplir ese plazo abre la puerta a que el concurso se califique como culpable, con las consecuencias del artículo 455 y siguientes: inhabilitación de dos a quince años, pérdida de derechos como acreedor y, sobre todo, la posible condena a cubrir total o parcialmente el déficit concursal. No es un riesgo teórico: es la factura íntegra de lo que los acreedores no cobren.
Nadie se libra por no salir en el papel
Conviene desmontar otro mito. La ley alcanza también al administrador de hecho, esto es, a quien manda de verdad aunque su nombre no conste en el Registro Mercantil. El artículo 236.3 LSC lo dice sin rodeos. Poner al cuñado de testaferro no es una estrategia fiscal: es multiplicar por dos los problemas.
Tampoco se libera quien dimite mal. La renuncia al cargo debe formalizarse, comunicarse a la sociedad e inscribirse; mientras el nombramiento siga vigente frente a terceros, el riesgo sigue vivo. Y ojo con la prescripción: la acción de responsabilidad prescribe a los cuatro años desde que pudo ejercitarse, según el artículo 241 bis LSC.
Qué se puede hacer, en la práctica
La prevención es aburrida y funciona. Formular y depositar las cuentas anuales en plazo, vigilar trimestralmente la evolución del patrimonio neto frente al capital, documentar en actas las decisiones relevantes, no aplazar indefinidamente el diagnóstico de insolvencia, mantener separadas las cuentas personales y las de la sociedad, y valorar la contratación de un seguro de responsabilidad civil de administradores (D&O), que cubre defensa jurídica y determinadas indemnizaciones. Ninguna de estas medidas es cara comparada con lo que evita.
Ser administrador de una SL no es un cargo decorativo ni un trámite del notario. Es una posición jurídica con deberes concretos y plazos muy cortos, en la que la diferencia entre un susto y una ruina personal suele estar en dos meses y en un par de decisiones tomadas a tiempo.
En Asesoría Moguel llevamos más de 45 años acompañando a autónomos y sociedades de Badalona y alrededores en exactamente este terreno: control contable, cierre de ejercicio, alertas de causa de disolución, respuesta a expedientes de derivación de responsabilidad y planificación de salidas ordenadas. Si administras una sociedad y hay algo de lo que has leído que te ha hecho levantar una ceja, escríbenos y lo revisamos contigo antes de que el plazo corra en tu contra.
